Formación Profesional

El Programa Nacional de Formación Profesional (PNFP) tiene como finalidad adaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades del mercado, de modo que la formación profesional sirva como instrumento de inserción profesional y de desarrollo económico y social.
Las competencias en materia de formación profesional se reparten de la siguiente manera:


La Formación Profesional Reglada

La constatación de la poca eficacia de la antigua formación profesional para cumplir el objetivo de inserción profesional de los jóvenes, dados los altos índices de paro de los alumnos, sobre todo procedentes de FPI, ha sido el principal motivo de la reforma de la misma.

El nuevo sistema tiene como finalidad ofrecer al alumno una preparación polivalente para la actividad profesional que le permita adaptarse a las modificaciones laborales y los cambios tecnológicos que puedan surgir a lo largo de su vida laboral como asalariado o Profesional de la formación por cuenta propia.

De las veintiuna familias profesionales de estudios de formación profesional reglada, el 73% de los alumnos matriculados se encuentran agrupados en tres de ellas: el 40% en Administrativa y Comercial, el 20% en Electricidad y Electrónica y el 14% en Sanitaria, estando el resto repartido entre las demás ofertas formativas.

La Formación Profesional Ocupacional

Está gestionada por el INEM y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.

Sus acciones formativas están dirigidas a los colectivos de parados y demandantes de primer empleo y persiguen la inserción profesional, reciclaje o recualificación de dichos colectivos. Se financian con los presupuestos del INEM y con aportaciones del Fondo Social Europeo.

Anualmente, se forman entre 300.000 y 350.000 alumnos divididos en 28 familias profesionales. El porcentaje de colocación es del 37% de los alumnos evaluados positivamente.

La Formación Profesional Continua

Es la formación dirigida a los trabajadores ocupados.

Hasta el año 1993 la inversión dedicada por las empresas españolas a la formación continua de sus trabajadores fue de las más bajas, en comparación con sus homólogas europeas. Así, mientras las empresas alemanas destinaron en 1993 un 7% de sus ingresos a la formación de sus trabajadores, las empresas españolas no llegaron a invertir el 1% de sus ingresos, siendo las del sector servicios las que más invierten en la formación de sus empleados.

En 1992 se firma el Acuerdo Nacional de Formación Continua entre los sindicatos CCOO, UGT y CIG y las asociaciones empresariales CEOE y CEPYME. La financiación de las acciones formativas se lleva a cabo a través de una parte de la cotización, de los trabajadores y empresarios, destinada a la formación profesional.

En 1993 habían recibido formación de algún tipo, el 70% de los técnicos, el 50% de los directivos, el 45% de los comerciales y vendedores y el 38% de los administrativos y operarios.

En 1994 participaron en acciones formativas de formación continua más de 600.000 trabajadores, y en 1996 1.600.000 trabajadores.

En el año 2000 se firmaron los III Acuerdos Nacionales de Formación Continua, a partir de los cuales se creó la Fundación Tripartita para la Formación Continua, formada por los sindicatos, la administración y los empresarios. Esta fundación, que sustituye al FORCEM (Fundación para la formación continua) es la encargada de gestionar la formación continua de los trabajadores en activo.